La fiscalía ha requerido a las policías locales de toda España que endurezcan en las ciudades los controles de los usuarios de los vehículos de movilidad personal (VMP), como patinetes eléctricos, y los ciclistas, intensificando la práctica de test de alcoholemia y de drogas. Los infractores solo serán multados administrativamente, pues la mayoría de estos artilugios no son considerados legalmente vehículos a motor. Sin embargo, si en un atropello por imprudencia se producen lesionados o un fallecimiento, ir borracho o drogado reforzará una acusación más grave y, por lo tanto, una pena de cárcel de mayor calado.

En este contexto, el fiscal de sala apuesta por obligar a contratar un seguro a los conductores de estos vehículos, tanto de VMP como de bicicletas. “Se están produciendo situaciones conflictivas en las grandes ciudades”, asegura. El problema radica en que tanto usuarios como víctimas están desprotegidas si no hay una póliza que cubra daños e indemnizaciones. En este sentido, desde la fiscalía se impulsarán los contactos con la Dirección General de Seguros y Consorcio de Compensaciones de Seguros para encontrar fórmulas de cobertura de los siniestros provocados por estos vehículos y, en su caso, proponer las oportunas reformas legales. El no disponer de un seguro “puede ser una circunstancia a considerar para un mayor reproche penal”, insiste Vargas.

El informe aclara qué hay ciertos modelos de VMP que merecen ser considerados vehículos a motor y pide a las policías municipales mucho más control y dureza en hacer cumplir las ordenanzas. Especialmente aquella que implica la sanción cuando conducen por las aceras, a una velocidad desorbitada o llevando menores. Es más, anima a la autoridad a requisar los vehículos cuando se trata de infracciones graves.